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Normativa, legislación, recomendaciones y convenios

Las telecomunicaciones en la nueva Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil

Escudo_ESPAcaba de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva Ley de Protección Civil española, denominada Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta Ley viene a sustituir a la antigua Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, que ya tenía nada más y menos que 30 años de antigüedad.

No hay grandes referencias a las telecomunicaciones de emergencia, salvo en lo relativo a las alertas y a la interoperabilidad, estableciéndose por un lado que los medios de comunicación están obligados a colaborar de manera gratuita con las autoridades en la difusión de las informaciones preventivas y operativas y por otro lado creándose una nueva Red de Alerta Nacional de Protección Civil, como sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes en materia de Protección Civil.

Se crea asímismo la Red Nacional de Información sobre Protección Civil, que interconectará todos los datos e informaciones necesarias para garantizar respuestas eficaces ante las situaciones de emergencia.

Se potencia el centro de coordinación actual de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (SACOP), que se transforma en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, al que corresponde la gestión de las redes de información y alerta del sistema, la interconexión y colaboración con otros centros de coordinación internacionales y constituirse en centro de coordinación operativa desde el cual se dirigirán las emergencias de interés nacional. Elaborará un plan nacional de interconexión de información de emergencias que permita la comunicación ágil entre las diferentes Administraciones Públicas y la eficacia en la gestión, coordinación y el seguimiento de las emergencias. Evaluará la conveniencia y forma de utilización de las redes sociales ante una emergencia de protección civil.

En el apartado de voluntariado, se hace una referencia al Servicio de Radioaficionados, especificándose que “la red de comunicaciones de emergencia formada por radioaficionados voluntarios podrá complementar las disponibles ordinariamente por los servicios de protección civil”. En la actualidad, esta colaboración de los radioaficionados se articula a través de la Red Radio de Emergencia (REMER) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil

PDF de la disposición (407 kB)

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Memorando de entendimiento entre FEMA y ARRL

El Director General de FEMA, Craig Fugate (KK4INZ) y la Presidenta de la ARRL, Kay Craigie (N3KN), en el momento de la firma del Memorando

El Director General de FEMA, Craig Fugate (KK4INZ) y la Presidenta de la ARRL, Kay Craigie (N3KN), en el momento de la firma del Memorando

El pasado 18 de Julio de 2014, la Agencia Federal de Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA) del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS) y la American Radio Relay League (ARRL), firmaron un Memorando de Entendimiento que incrementa el nivel de cooperación entre ambas organizaciones en el ámbito de las comunicaciones de emergencia. El Director General de FEMA, Craig Fugate (KK4INZ, @CraigatFEMA) y la Presidenta de la ARRL, Kay Craigie (N3KN) firmaron el acuerdo en la Convención Nacional del Centenario de la ARRL que se celebró en el Centro de Convenciones de Hartford, en Connecticut.

Este acuerdo permitirá a la FEMA y a la ARRL trabajar conjuntamente para proporcionar recursos, servicios y personal, bajo disponibilidad, para fortalecer capacidades en el ámbito de las comunicaciones de emergencia, asistencia de emergencia y cuidados a la población, preparación ante desastres , respuesta y recuperación, a la vez que se promueve la consciencia pública sobre el uso de la Radioafición como recurso de seguridad pública.

“La radio es una de las tecnologías de comunicaciones con mayor resiliencia de las que disponemos”, indicó Fugate. “Cuando desaparece el suministro eléctrico y las telecomunicaciones están caídas, la comunidad de Radioaficionados puede servir como un recurso vital en apoyo de los profesionales de las emergencias y de los supervivientes de un desastre. Este Memorando fortalecerá la colaboración entre la FEMA y la ARRL y contribuirá a nuestro trabajo de ampliar nuestras capacidades de comunicaciones de emergencia y el uso de la Radioafición en la gestión de las emergencias”.

El acuerdo refleja los procedimientos de colaboración entre la FEMA y la ARRL para llevar a cabo sus diferentes responsabilidades en relación con la mitigación de desastres, la preparación, las operaciones de respuesta y de recuperación ante los eventos de desastres naturales o causados por el hombre. El acuerdo estipula los términos en los que la FEMA y la ARRL proporcionarán recursos, servicios y personal, bajo disponibilidad, para fortalecer las capacidades en los ámbitos de las comunicaciones de emergencia, asistencia de emergencia y cuidados a la población, preparación ante desastres , respuesta y recuperación.

“Desde los primeros tiempos de experimentación con radio hasta la actualidad, voluntarios radioaficionados han combinado su pasión por la exploración de la tecnología de la radio con su devoción de asistencia a las agencias gubernamentales y de caridad que responden a los desastres”, declaró Craigie. “Esta combinación de inventiva y devoción de servicio ha salvado vidas durante un siglo. Es nuestro deseo seguir colaborando con la FEMA para seguir desarrollando oportunidades para radioaficionados formados, equipados y preparados para servir al interés público allí donde los desastres afecten a nuestro país y a sus comunidades”.

Los operadores del Servicio de Radioaficionados han respondido ante los desastres desde la creación del servicio en los años 1900. A través de servicios patrocinados por la ARRL como ARES (Amateur Radio Emergency Service) y otros grupos , los operadores del Servicio de Radioaficionados con licencia federal, han puesto a la disposición de sus comunidades y de su país su tiempo, equipamiento y experiencia para prestar todo tipo de servicios públicos y apoyo en emergencias.

En recientes acontecimientos, la ARRL ha prestado su apoyo a comunidades locales tanto en su preparación como en tareas de recuperación frente a la devastación causada por diferentes desastres. Como parte de este acuerdo, la FEMA y la ARRL fortalecerán su cooperación e incitarán tanto a los ciudadanos como a los profesionales de las emergencias a formar parte del Servicio de Radioaficionados y de su larga y legendaria tradición de servicio público a la nación.

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Memorando de Entendimiento entre la FEMA y la ARRL, 18 de Julio de 2014 (pdf, 3,35 MB)

Fuentes:

FEMA & ARRL Announce Disaster Communication Partnership. FEMA, July 18, 2014.

FEMA and ARRL Sign Agreement; FEMA Administrator Calls Ham Radio “Resilient”. ARRL, July 19, 2014.

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Informe sobre el Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil

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El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministro del Interior sobre el Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta nueva Ley pretende reforzar los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes, y posibilitar, al mismo tiempo, el mejor cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito internacional y de la Unión Europea, con el fin de afrontar de la manera más rápida y eficaz las situaciones de emergencia que puedan producirse, en beneficio de los afectados y en cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial.

El nuevo texto actualiza el ordenamiento jurídico en una materia tan sensible para los ciudadanos como es la protección civil y lo hace a la luz de la experiencia adquirida desde la promulgación de la Ley anterior, del 21 de enero, teniendo en cuenta el desarrollo de esta última por otras normas estatales y de las Comunidades Autónomas, así como la legislación de la Unión Europea y los compromisos asumidos por España en el marco de la cooperación internacional. Todo ello, respetando las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas en sus vigentes Estatutos de Autonomía y por las Entidades Locales.

Contenido de la nueva Ley

El texto consta de 49 artículos, estructurados en seis títulos. Comienza con una definición de lo que se entiende por protección civil, tal y como ha sido descrita por la jurisprudencia constitucional: “la protección civil, como instrumento de la política de seguridad nacional, es el servicio público que protege a las personas y bienes, garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada”.

A continuación, se determina el objeto de la Ley, que no es otro que es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil como un instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil, y regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia.

El Sistema Nacional de Protección Civil integra la actuación de las Administraciones Públicas para garantizar una respuesta coordinada y eficiente, mediante:

  • La prevención de riesgos colectivos
  • La planificación de medios para afrontarlos
  • La intervención inmediata en caso de emergencia
  • El restablecimiento de infraestructuras y servicios esenciales
  • El seguimiento y evaluación del Sistema para garantizar un funcionamiento eficaz y armónico.

Se definen las diferentes fases de este Sistema, que son objeto de desarrollo en el siguiente título: anticipación; prevención de riesgos; planificación; respuesta inmediata; recuperación; y evaluación e inspección.

Los recursos humanos del Sistema Nacional de Protección Civil

Los poderes públicos promoverán la formación y el desarrollo de la competencia técnica del personal en materia de protección civil. La Escuela Nacional de Protección Civil se encargará de entrenar y formar al personal de los servicios de protección civil de la Administración General del Estado y de otras instituciones públicas y privadas; desarrollar acciones de I+D+i en materia de formación de protección civil; colaborar en las actividades de formación que se prevean en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea o de otras iniciativas europeas, e impartir la formación conducente a los títulos oficiales de Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad relacionados con la protección civil, previa autorización de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Empleo y Seguridad Social.

Competencias de los órganos de la Administración General del Estado

El Anteproyecto de Ley enumera las actuales competencias en la materia del Gobierno, del Ministro del Interior, de otros Departamentos ministeriales, de los Delegados del Gobierno, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) -su intervención se solicitará por el ministro del Interior y será ordenada por el Ministerio de Defensa-, así como la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las acciones de protección civil, en los mismos términos que la legislación vigente.

Cooperación y coordinación

Se mantiene la Comisión Nacional de Protección Civil como órgano de cooperación en esta materia de la Administración General del Estado, de las administraciones de las Comunidades Autónomas, de las ciudades con Estatuto de Autonomía y de la Administración Local, representada por la Federación Española de Municipios y Provincias. La Administración Local no tiene en la legislación vigente representación oficial y asiste a las reuniones de manera informal.

Régimen sancionador

Se incorpora un régimen sancionador completo en esta materia, con el listado de infracciones, que podrán ser muy graves, graves o leves, y las consiguientes sanciones.

La cuantía de las sanciones es idéntica a la establecida en la vigente Ley de 1985:

  • Infracciones muy graves: de 30.001 a 600.000 euros.
  • Infracciones graves: de 1.501 a 30.000 euros.
  • Infracciones leves: hasta 1.500 euros.

Impacto presupuestario

El impacto económico general de las emergencias y catástrofes en España se puede estimar en unos cuatrocientos millones de euros anuales, según los datos aportados por el Consorcio de Compensación de Seguros

España es un país que no sufre comparativamente grandes pérdidas económicas por causa de las emergencias y catástrofes, y ello es debido al efecto de las políticas preventivas que se llevan a cabo desde hace muchos años.

La gestión racional de los riesgos de emergencias y catástrofes que establece esta Ley contribuirá a la innovación permanente, lo que redundará en un mejor aprovechamiento de los recursos públicos y privados.

Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil

Fuentes:

Referencia del Consejo de Ministros. Madrid, viernes, 29 de Agosto de 2014.

Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil (pdf, 1,2 MB).

 

 

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Nota de la SETSI sobre la supresión de la licencia individual para el uso de las frecuencias de la banda ciudadana CB-27

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 10 de mayo, el uso de las frecuencias de laBanda Ciudadana CB-27 ya no está catalogado como de uso especial y en consecuencia dejarán de tramitarse las, hasta ahora preceptivas, licencias individuales CB-27. El uso de esta banda de frecuencias no precisará por tanto de ningún tipo de solicitud ni otros trámites ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

Independientemente de que no se precise licencia individual, se mantienen como obligatorias, para las emisiones en esta banda de frecuencia, las condiciones técnicas (numeración de canales, potencias emisión, clases de emisión, etc.) establecidas en la Nota
de Utilización nacional UN-3, del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y en el Reglamento de uso del dominio  público radioeléctrico de la banda ciudadana CB-27.

Asimismo se mantienen como obligatorias para los usuarios de esta banda de frecuencias el resto de las condiciones establecidas en el Reglamento antes citado, no relacionadas con la exigencia de la licencia individual.

Fuente: Nota de la SETSI/DGTEL/MINETUR, 12MAY14.

 

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Los operadores de servicios esenciales deberán elaborar Planes de Seguridad integral para su organización y para cada una de sus infraestructuras críticas

Madrid, 21 de diciembre de 2011. Aquellas organizaciones, públicas o privadas, gestoras y/o propietarias, cuyas instalaciones o sistemas sean catalogados como críticos por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas del Ministerio del Interior, CNPIC, deberán elaborar un Plan de Seguridad del Operador (PSO) y unos Planes de Protección Específicos (PPE) para cada una de sus infraestructuras críticas. Dichos planes deberán contar con unos contenidos mínimos los cuales fueron publicados el pasado 23 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado mediante la Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, conforme a lo establecido en el Art 22.4 y 25.5 del Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de las infraestructuras críticas que da desarrollo reglamentario la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.

Ante los numerosos riesgos y amenazas procedentes de muy diversos frentes, se hace necesario, tal y como recoge la Introducción de la citada Resolución, el diseño de una política de seguridad homogénea e integral por parte de todas las organizaciones con infraestructuras críticas, en la cual se definan todas las medidas de seguridad que se van a implantar para la protección de las mismas (contra ataques deliberados, sean físicos o a través de Internet) con el objetivo de impedir su destrucción, interrupción o perturbación, con el consiguiente perjuicio de la prestación de los servicios esenciales a la población; es decir, aquellos servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.

De este modo, en el PSO que desarrolle cada uno de los operadores críticos deberá definir la política general de su organización para garantizar la seguridad integral del conjunto de instalaciones o sistemas de su propiedad o gestión. Este documento, como instrumento de planificación y mejora continua, contendrá además una relación de los servicios esenciales prestados, una metodología de análisis de riesgos (con identificación de las amenazas físicas y lógicas, considerando de forma especial aquellas de origen terrorista o intencionado) y unos criterios de aplicación de dichas medidas.

En cuanto a los PPE que deberán elaborar los operadores, para cada una de las Infraestructuras Críticas de las que sean propietarios o gestores, tendrán que recoger las medidas concretas para garantizar la seguridad integral física y lógica) de dichas infraestructuras.

Plazos de presentación

Una vez que los operadores sean designados como operadores críticos tras un previo proceso de identificación y valoración de sus infraestructuras de la mano del CNPIC, el operador crítico en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la resolución de su designación, deberá haber elaborado un Plan de Seguridad del Operador. Posteriormente, y de forma secuencial, en el plazo de cuatro meses a partir de la aprobación de su PSO, el operador crítico deberá haber elaborado un Plan de Protección Específico por cada una de sus infraestructuras críticas.

El Grupo de Trabajo Informal sobre Protección de Infraestructuras Críticas, GIPIC, ha apoyado al CNPIC en la elaboración de estos documentos, y además, está trabajando en la elaboración de una serie de guías de “buenas prácticas” que faciliten a cada operador el diseño de estos planes de seguridad.

Sobre GIPIC

El GIPIC, además de colaborar en la elaboración de los contenidos mínimos del PSO y del PPE, está trabajando en la elaboración de una serie de guías de “buenas prácticas” que faciliten a cada operador el diseño de estos planes de seguridad.
El GIPIC fue creado en octubre de 2010 para el desarrollo y elaboración de unas Guías de Contenidos Mínimos y Guías de Buenas Prácticas sobre el Plan de Seguridad del Operador y del Plan de Protección Específico, para servir de orientación y ayuda a aquellos operadores que sean designados como críticos en la elaboración de los citados planes. El objetivo fundamental de los trabajos del GIPIC, patrocinado e impulsado por el CNPIC, de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, es la promoción de una cultura de seguridad en la que los sectores público y privado puedan comenzar a trabajar sobre unos parámetros homogéneos y claramente definidos en materia de protección de sus respectivos activos.

Colaboran en el GIPIC, además del CNPIC, como organismo responsable y director de los trabajos, otros organismos públicos y privados españoles (por orden alfabético): la Agrupación Empresarial Innovadora (AEI-SRSI) para la Seguridad
de las Redes y los Sistemas de la Información, el Centro Criptológico Nacional (CCN), Cuevavaliente Ingenieros, Indra, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE), Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), PwC, S21sec y TB-Security.

Como su nombre indica, el GIPIC es un grupo informal, sin estatutos de constitución ni de funcionamiento interno, materializando así uno de los objetivos que el CNPIC se trazó desde su constitución: la formalización de asociaciones público-privadas basadas en la confianza mutua y en el afán por conseguir un interés común.

Fuente: ISDEFE.

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Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones

En el BOE de hoy (01/09/2011) se publica la Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones.

En el plan se consideran todas aquellas inundaciones que representen un riesgo para la población y sus bienes, produzcan daños en infraestructuras básicas o interrumpan servicios esenciales para la comunidad, ya sen debidas a precipitación «in situ», escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces, o rotura u operación incorrecta de obras de infraestructura hidráulica.

El plan indica que en el caso de inundaciones generadas por procesos tormentosos fuertes o muy fuertes, las informaciones en tiempo real de la Agencia Estatal de Meteorología basadas en los sistemas de observación como satélites, radares, estaciones automáticas y detectores de rayos, deberán tener especial protagonismo.

Planes de Actuación

La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante Riesgo de Inundaciones indica en su apartado 3.3.3.6. que en el
Plan Estatal quedarán estructurados una serie de Planes de Actuación para su aplicación en emergencias de interés nacional o en apoyo a los planes de Comunidades Autónomas. Entre estos planes tendrá que elaborarse el plan de rehabilitación de emergencia de las telecomunicaciones, que tiene por finalidad, por un lado, restablecer los sistemas y redes de telecomunicaciones que hayan sufrido daños y se haya mermado en su operatividad y, por otro, dar un refuerzo extraordinario cuando las infraestructuras y medios existentes hayan quedado insuficientes.
Para este plan se fijan como organismos participantes: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Coordinador), Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Departamento de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis y Ministerio de Fomento.

Telecomunicaciones y Sistemas de Información

En el Anexo IV del Plan Estatal se especifican los recursos de telecomunicaciones y sistemas de información adscritos al mismo:

1. Telecomunicaciones para la dirección y coordinación de las operaciones de emergencia.

En este apartado se hace referencia a la arquitectura de las telecomunicaciones en emergencias de interés nacional. En el caso de una emergencia declarada de interés nacional en la que no se puedan emplear los medios sobre infraestructura fija
por haber sido dañados o inutilizados, los nodos a emplear serán los que actualmente dispone la UME y los medios de telecomunicaciones desplegables, tanto de la Administración General del Estado como de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y otros organismos y empresas relacionados con la gestión de emergencias.

2. Telecomunicaciones para la gestión del comité estatal de coordinación (CECO).

El Comité Estatal de Coordinación, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, debe estar relacionado permanentemente, mientras dura la situación de emergencia, además de con la Dirección Operativa, con los Centros de Coordinación Operativa Integrados constituidos en Comunidades Autónomas no afectadas. Tales comunicaciones, aunque no con los problemas derivados de la posible destrucción de instalaciones fijas, pueden verse dificultadas por sobrecargas de uso que es preciso prever y solventar mediante la utilización de un sistema de telecomunicaciones específico. Con tal finalidad se dispone del Sistema integral de comunicaciones de emergencia vía satélite de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (RECOSAT).

3. Red Radio de Emergencia.

La Red Radio de Emergencia (REMER) es un sistema de comunicaciones complementario de las otras redes disponibles. Está constituida mediante una organización estructurada en el ámbito territorial del Estado e integrada por los radioaficionados que prestan su colaboración a los servicios de protección Civil de la Administración General del Estado al ser requeridos para ello, cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen y una vez seguidos los protocolos de activación establecidos por la misma.

4. Red Nacional de Emergencias (RENEM).

La Red Nacional de Emergencias (RENEM) es un Sistema de Sistemas de Información y Telecomunicaciones que integra sistemas de información y telecomunicaciones pertenecientes a organizaciones nacionales de la Administración General del Estado (AGE), las Comunidades Autónomas (CCAA) y corporaciones privadas a cargo de infraestructuras críticas del Estado. La RENEM tiene como misión asegurar el intercambio de información relevante para la gestión y coordinación de las emergencias de cualquier tipo, incluyendo las inundaciones, en España.

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Aprobado el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones

El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado 29 de Julio de 2011 el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, con lo que se completa la planificación prevista en la legislación de protección civil ante este tipo de riesgos.

Las inundaciones han sido y son el riesgo natural con mayor impacto económico y social en España, y afectan prácticamente a toda la geografía española, aunque el territorio más castigado se centra en las costas mediterránea y cantábrica, y en los espacios fluviales de los grandes ríos peninsulares.

En la actualidad, la mayoría de las Comunidades Autónomas cuentan con su Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, por lo que se hacía imprescindible completar el ciclo competencial y organizativo marcado en la norma básica, e integrar los planes de Comunidades Autónomas en un marco que facilite la coordinación entre las distintas Administraciones públicas en caso de una emergencia de esta naturaleza de interés nacional

Organización y procedimientos de actuación

Por ello, el objetivo del Plan Estatal es establecer la organización y los procedimientos de actuación de aquellos servicios del Estado que sean necesarios para asegurar una respuesta eficaz ante las diferentes situaciones que puedan afectar a cualquier parte del territorio nacional. Sus funciones básicas son las siguientes:

a) Establecer la estructura de organización que permita la dirección y coordinación del conjunto de las Administraciones públicas en emergencias por inundaciones declaradas de interés nacional, así como prever los procedimientos de movilización de recursos y servicios necesarios para cubrir de manera eficaz las necesidades creadas.

b) Establecer los mecanismos de apoyo a los planes de las Comunidades Autónomas en el supuesto de que éstas así lo requieran, al igual que el sistema y los procedimientos de información sobre inundaciones, que se utilizarán con fines de protección civil.

c) Establecer una base de datos de carácter nacional sobre inundaciones y prever los mecanismos de solicitud y recepción, en su caso, de ayuda internacional.

Siete capítulos

El Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones se estructura en siete Capítulos y cinco Anexos:

En el Primer Capítulo (Objetivo y ámbito) se definen las funciones básicas y el fundamento jurídico, así como el ámbito territorial de aplicación y los órganos administrativos a los que concierne el Plan.

En el Segundo Capítulo (Identificación del riesgo de inundaciones en España) se enmarcan, dentro de la normativa nacional y europea, los trabajos que se están desarrollando para conocer en profundidad el riesgo de inundaciones en nuestro país.

El Tercer Capítulo (Sistema de información y seguimiento hidrometeorológico) establece los protocolos necesarios para definir los sistemas de información y alerta dentro del sistema nacional de protección civil.

En el Cuarto Capítulo se definen las fases y situaciones en las que se subdivide el proceso para poder atender con economía de medios los diferentes escenarios que puedan producirse.

En el Quinto Capítulo (Organización) se establecen los diferentes órganos de dirección y coordinación, en cuanto a su composición, funcionamiento y funciones, que darán la oportuna respuesta a la emergencia.

El Capítulo Sexto (Operatividad) fija las diferentes formas de actuación de los órganos competentes ante las diversas situaciones descritas para conseguir minimizar los efectos con la máxima eficiencia.

En el Capítulo Séptimo (Mantenimiento e implantación del plan) se describen las tareas necesarias para conseguir que el Plan se actualice de la forma más eficaz posible.

Finalmente, por lo que se refiere al contenido de los Anexos:

  • Anexo I: proporciona los criterios para la elaboración de los protocolos de alerta hidrológica.
  • Anexo II: establece los necesarios Planes de Coordinación y Apoyo.
  • Anexo III: describe la Base Nacional de Datos sobre Inundaciones Históricas.
  • Anexo IV: establece los requisitos y arquitectura de las telecomunicaciones en emergencias de interés nacional.
  • Anexo V: incluye un glosario de abreviaturas.

El Plan ha sido elaborado en coordinación con todos los organismos que pertenecen al Comité Estatal de Coordinación y ha sido informado favorablemente por el Pleno de la Comisión Nacional de Protección Civil. No implica ningún coste económico ni presupuestario, por cuanto se limita a ordenar y coordinar los medios disponibles, sin aumentarlos, ante una amenaza de riesgo de inundación.

Fuente: La Moncloa – Referencia del Consejo de Ministros del 29/07/2011.

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Aprobado el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias

El Consejo de Ministros ha aprobado el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias, que establece cuáles son las causas y mecanismos de intervención de esta unidad ante situaciones de emergencia, grave riesgo, catástrofe u otras necesidades públicas.

El citado protocolo se describe en el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias, publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 26 de julio de 2011.

En lo relativo a las telecomunicaciones de emergencia, el protocolo de intervención de la UME establece lo siguiente:

  • Con el fin de que la UME pueda cumplimentar satisfactoriamente las misiones asignadas, la Administración General del Estado le facilitará el acceso a las redes y sistemas de alerta y emergencias existentes.
  • Con el mismo objetivo, el Ministerio de Defensa suscribirá con las comunidades autónomas los acuerdos de colaboración necesarios para el acceso de la UME a sus redes de alerta y emergencia.

Fuentes: Europa Press, Boletín Oficial del Estado – RD 1097/2011 de 22 de julio.

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Estrategia Española de Seguridad

El Gobierno de España acaba de publicar en la web de La Moncloa el documento “Estrategia Española de Seguridad”, que según el Ministro del Interior será objeto de debate en el Parlamento durante las próximas semanas.

En la parte relativa a emergencias y catástrofes, se fijan las siguientes líneas estratégicas de acción (sic):

La protección civil es el ámbito donde se manifiesta con mayor intensidad la cooperación entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local. El Sistema Nacional de Protección Civil articula los medios para responder a los distintos tipos de emergencias civiles en el ámbito del Sistema Nacional de Gestión de Situaciones de Crisis, que debe reconfigurarse a la luz de las prioridades establecidas en esta Estrategia.

España se ha dotado de importantes instrumentos preventivos y de gestión de riesgos naturales y tecnológicos. La nueva Ley del Suelo obliga a evaluar el grado de riesgo para limitar en los planes de ordenación urbana determinados usos del suelo en zonas potencialmente peligrosas. También disponemos de organismos científicos y técnicos como el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España. Todo ello complementado con un eficaz sistema de avisos de fenómenos meteorológicos adversos en la Agencia Estatal de Meteorología y de redes de alerta de inundaciones y terremotos.

Para los casos de accidentes en instalaciones industriales y en el transporte de mercancías peligrosas, al igual que para los riesgos naturales, nuestro país cuenta con instituciones y regulaciones específicas. Destacan las relativas a seguridad nuclear y protección radiológica -bajo responsabilidad del Consejo de Seguridad Nuclear- y los planes de emergencia, sistemas de aviso a la población y redes de alerta nacional, como la Red de Alerta a la Radioactividad.

En el ámbito del salvamento marítimo y la lucha contra la contaminación marina se han realizado grandes avances. Nos hemos dotado de mejores medios operativos, a través de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), y se han mejorado los protocolos operativos.

Por último, nuestro Sistema Nacional de Salud, donde se encuentran coordinados los sistemas de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, cuenta con una eficaz red de alerta epidemiológica con conexión a escala europea y con la OMS. Cuenta también con otras redes, como la Red de Laboratorios de Alerta Biológica, así como con planes específicos de actuación en emergencias sanitarias por epidemias y pandemias, además de una eficaz Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN).

Las líneas de acción y mejora en este ámbito pasan por perfeccionar el marco jurídico de la protección civil, revisando la Ley vigente, que data de 1985, y poniendo énfasis en la prevención, la coordinación interadministrativa, el necesario apoyo a la protección civil local y el fomento de la participación ciudadana. También por la colaboración internacional, en especial con la UE, e incluso con otras organizaciones con responsabilidades en esta materia como la OTAN.

Es necesario asimismo promover una cultura de prevención entre los ciudadanos, establecer programas de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para la elaboración de una cartografía de riesgos, y mejorar los instrumentos de cooperación y coordinación entre todas las Administraciones Públicas ante catástrofes medioambientales. Todo ello sin olvidar nuestra contribución a una mayor integración europea en esta materia y a la mejora de la política de la UE en la ayuda humanitaria a terceros países.

Fuente: Estrategia Española de Seguridad (Gobierno de España).

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El Gobierno de Chile potencia las telecomunicaciones de emergencia

El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Felipe Morandé, valoró la aprobación unánime de la Cámara de Diputados, con 70 votos a favor, del proyecto del Gobierno que favorece la operación de los sistemas de telecomunicaciones en condiciones críticas o de emergencia.

La aprobación unánime en la Cámara de Diputados de este proyecto de ley, que se suma al apoyo obtenido previamente en el Senado, es una gran noticia para el país porque nos permitirá tener en poco tiempo más un nuevo marco legal para enfrentar las situaciones de emergencia en el campo de las Telecomunicaciones , explicó el Ministro Felipe Morandé.

Este proyecto sobre reconstrucción y emergencias de telecomunicaciones busca garantizar en situaciones de emergencia la continuidad del servicio en el sistema público de telecomunicaciones, otorgando al Estado herramientas para coordinar acciones y contar con infraestructura mejor preparada.

A raíz de las insuficiencias que la infraestructura de telecomunicaciones evidenció durante el terremoto del 27 de febrero pasado, la modificación a la Ley General de Telecomunicaciones promueve el desarrollo de una política nacional de resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones, así como el diseño y definición de un plan estratégico de protección de las redes y sistemas críticos a nivel nacional, que involucre a todos los actores relevantes.

Una de las grandes lecciones que nos dejó el pasado terremoto del 27 de febrero es que Chile necesita sistemas de telecomunicaciones confiables que permitan no sólo a las personas tener mejores opciones de comunicación, sino también al Estado contar con redes de emergencia seguras y estables , aseguró el Secretario de Estado.

Gracias a este proyecto de ley vamos a desarrollar un sistema de alerta temprana de vanguardia mundial siguiendo las mejores prácticas implementadas en Estados Unidos y Japón, y también vamos a elevar los estándares de calidad de servicio de la telefonía móvil para que los usuarios en Chile puedan acceder a los mismos niveles de servicio que se exigen a las compañías móviles en los países desarrollados , agregó.

Uno de los elementos que introduce la ley es la obligación de las concesionarias de transmitir sin costo los mensajes de alerta que determine el organismo nacional de emergencias.

Otro aspecto relevante del proyecto de ley es que en caso de suspensión, interrupción o alteración del servicio público telefónico y de internet, los usuarios serán indemnizados.

Adicionalmente, esta iniciativa legal permitirá el despliegue en el país de nuevas inversiones en infraestructura al crear la figura concesional del operador de infraestructura, lo que favorecerá un desarrollo equilibrado de las telecomunicaciones en armonía con el entorno urbanístico de las ciudades.

Por su parte el Subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, resaltó que con esta ley se consagra en la legislación sectorial todas las medidas acordadas en las mesas de trabajo para las emergencias que se desarrollaron entre el Gobierno y las industrias de las telecomunicaciones permitiendo que el país enfrente posibles emergencias o catástrofes de mucho mejor manera en el futuro.

La aprobación definitiva a de esta ley permitirá cumplir con los compromisos asumidos por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera en lo que respecta al manejo de emergencias y comunicaciones en casos de catástrofes.

Fuente: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile.

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